Según ha publicado hoy la agencia de noticias Europa Press, el Partido Popular (PP) quiere que el Ministerio de Justicia cree en Osuna un Juzgado de lo Penal, y para ello ha registrado en el Senado una moción en la que señala que, por una parte, en la provincia de Sevilla faltan unidades judiciales de este tipo y, por otra, los que existen están excesivamente concentrados en la capital hispalense.
En la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press según explica en la noticia publicada, los ‘populares’ mantienen que los trece Juzgados de lo Penal que existen en Sevilla tienen una excesiva carga de trabajo, 8.100 procedimientos abreviados en 2009, por lo que, atendiendo a la ratio que fija el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 450 asuntos por unidad, “se deduce fácilmente que en Sevilla hacen falta cinco nuevos Juzgados de lo Penal”.
A su juicio, la “elevada carga de trabajo” hace imprescindible y urgente dotar a la provincia de más juzgados de este tipo, pero el PP quiere, concretamente, que uno de esos nuevos juzgados se ubique en Osuna, ya que la coincidencia de todos los existentes en Sevilla capital “parece excesiva” y causa “molestias, trastornos y costes” tanto a testigos, imputados y acusados, como a los profesionales de la Justicia.
Los ‘populares’ también resaltan que los agentes de Policía Local tienen que comparecer en calidad de testigos en una gran cantidad de asuntos, por lo que sus desplazamientos a Sevilla “dejan desprotegidos a los municipios de estas fuerzas de Orden Público durante muchas horas, e incluso durante jornadas laborales completas”.
Además, el PP apoya su petición en las conclusiones y recomendaciones la Comisión de Expertos para adaptar a la España actual la Ley de Demarcación y Planta Judicial, entre ellas, la que hace referencia a la superación del partido judicial como base del modelo y en la que se recoge que deben estudiarse nuevas fórmulas encaminadas a “superar la desfasada división en partidos judiciales propia de otras épocas y diseñar estructuras territoriales más homogéneas y acordes con la España actual”.
Asimismo, recuerda que la correcta aplicación del derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales obliga a garantizar el fácil acceso de todos los ciudadanos a los órganos judiciales.
Por último, los ‘populares’, que cifran en 300.000 euros el coste de la implantación de una unidad judicial de lo penal en la Villa Ducal, aluden a la tradición jurídica de ésta, que se remonta al siglo I a. C., cuando a la antigua Urso se le concedieron los privilegios de acuñar moneda propia y promulgar un Código de Leyes,que se grabó en los famosos Bronces de Osuna, de importancia “fundamental” para el Derecho Romano.