El parlamentario andaluz y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), negó ayer jueves «que ejerciera, como miembro de un piquete informativo, coacción alguna a los trabajadores durante la huelga general del pasado 29 de marzo, y ha defendido las acciones de «no violencia activa» que llevó a cabo en esa fecha el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)», informó ayer Europa Press. Gordillo fue citado a declarar en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -en Granada- dada su condición de aforado. Llegó al edificio judicial poco antes de las 10.30 horas, cuando estaba prevista su comparecencia, acompañado por el portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, y el también integrante del sindicato y cantaor granadino Juan Pinilla.

Según la agencia de noticias, el alcalde de Marinaleda «acudía «tranquilo» y «optimista» a su declaración, para defender que su actuación como piquete informativo en varias localidades sevillanas, concretamente en Estepa y La Roda de Andalucía, fue correcta y «no violenta» y, ante los periodistas y con el respaldo de aproximadamente un centenar de personas que se han concentrado frente al TSJA para apoyarlo, ha criticado que se esté pretendiendo «judicializar» las acciones de los sindicatos.» «Espero que la justicia sea justa. Desde el SAT sólo estamos molestando, y llamando la atención sobre que la crisis tiene otro rostro distinto a la prima de riesgo, el pago de la deuda o el rescate», manifestó el primer edil.

Tan sólo poco más de una hora después salió junto a su abogado, José Antonio Salazar, y comunicó que había ejercido su derecho constitucional a no declarar ante el magistrado Miguel Pasquau, que instruye la causa contra él por supuestas coacciones a comercios durante la huelga, por lo que se le atribuyen inicialmente cinco delitos contra los derechos de los trabajadores que le podrían suponer penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación por cada uno de ellos.

Según su letrado, el juez instructor le ha explicado a Sánchez Gordillo que su imputación se deriva de cinco atestados de la Guardia Civil levantados contra él con motivo de la huelga general, por «cinco incidentes» en La Roda y en Estepa. No obstante, según Salazar, Pasquau le ha trasladado que, independientemente de lo que decida la Fiscalía, sólo uno de los atestados podría suponer una actuación delictiva. De hecho, el magistrado cuenta con una grabación que hizo la Guardia Civil que vendría a probar que la actuación de Sánchez Gordillo se excedió de lo meramente informativo y pudo suponer una coacción a trabajadores de un establecimiento de Estepa.

La defensa del parlamentario ha afirmado que no ha tenido conocimiento hasta este mismo jueves de la existencia de esa grabación ni ha contado anteriormente con la documentación de la causa, y ha indicado que por esa razón se ha negado a declarar y ha preferido hacerlo con posterioridad, una vez tome conocimiento de todas las diligencias al respecto. Además, el abogado ha anunciado que impugnará no obstante esa grabación como posible prueba porque, al parecer, se trata de una copia y no el original.

Para esa nueva declaración no hay aún fecha acordada, si bien el abogado ha calculado que el alcalde de Marinaleda podría volver a Granada, al TSJA, en una semana o semana y media para comparecer de nuevo.

«Yo por supuesto que niego las coacciones, en ningún momento hubo ningún problema, explicamos lo que queríamos, aunque siempre hay tensión en esos momentos, pero nada más», se ha justificado Sánchez Gordillo que, pese a no querer pronunciarse ante el instructor, sí decidió atender a los periodistas.

El líder del SAT, Diego Cañamero, se quejó por su parte de que las personas que se han trasladado hasta Granada para participar en la concentración de apoyo «a un dirigente histórico del movimiento jornalero» fueron identificadas en los autobuses en los que viajaban y ha atribuido a una «persecución clarísima» las citaciones judiciales que se están sucediendo contra afiliados o simpatizantes del SAT, puesto que desde marzo «hay ya 130 compañeros procesados».

La causa abierta contra el parlamentario se deriva de la que incoó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepa, que se inhibió a favor del TSJA, en el caso del aforado Sánchez Gordillo, y que ha seguido el proceso contra tres militantes más del SAT.