El periódico La Razón se hizo eco el pasado día 9 de julio de una denuncia presentada ante la Guardia Civil por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marinaleda, Mariano Pradas Saavedra, contra el alcalde y diputado de IULV-CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos correspondiente al pago, con dinero público de las arcas municipales marinaleñas, de supuestos viajes en autocar de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Según el diario La Razón, «el socialista acudió el viernes 5 de julio a las 12 horas a la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla a prestar declaración en relación a unas diligencias de investigación penal dimanantes de la Fiscalía Superior de Andalucía y ligadas a la ausencia de plenos ordinarios en el Consistorio, un incumplimiento de la ley que Pradas ya denunció el 8 de marzo en la Fiscalía de Sevilla, órgano que la elevó a la Superior al ser Sánchez Gordillo diputado y «por ende» aforado. El portavoz socialista ratificó en dependencias de la Policía Judicial que «en numerosas ocasiones» pidió al secretario municipal la convocatoria de sesiones plenarias, a lo que éste respondía que «las competencias exclusivas para la celebración de los plenos en cuestión eran del alcalde», según consta en la denuncia a la tuvo acceso La Razón.»
El mismo periódico prosigue argumentando que «Pradas relató además que presentó en el registro de entrada del Ayuntamiento un escrito solicitando un certificado en el que se informara acerca de «las fechas concretas de celebración de todos los plenos que se hayan llevado a cabo en esta legislatura», datos que aún no le han proporcionado. Al planteársele si deseaba declarar algo más, contestó que sí y sumó que tiene constancia, «según actas de juntas de gobierno del Ayuntamiento de Marinaleda y a su parecer, que se están llevando a cabo distintos pagos a empresas dedicadas al transporte de pasajeros con la finalidad exclusiva, supuestamente, de movilizaciones sindicales y, más concretamente, del SAT –Sindicato Andaluz de Trabajadores»–.»
El portavoz socialista en el Consistorio de Marinaleda habría expuesto que «llama muchísimo la atención el hecho de que una de las facturas, por un importe de 4.622,40 euros, rece en el acta del día 28 de noviembre de 2012 el concepto por el que se abona a la empresa Autobuses Morales SL, Servicios Autobuses a Coronil, Turquillas, Écija».
En ese sentido, el portavoz del PSOE habría apuntado a que «en aquellas fechas fue «público y notorio» que el SAT se movilizó para «invadir» la finca «Las Turquillas» del Ministerio de Defensa. Y hay más: avisa de «pagos destinados a otras actividades que no son de competencia municipal» a entidades como Unión Deportiva Marinaleda o «viajes varios a distintos países suramericanos, no teniendo claro a día de hoy la finalidad de éstos», ha denunciado el citado periódico.
Pradas habría señalado que se había visto «en la necesidad de poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos», dada su condición de portavoz del PSOE en Marinaleda y «creyendo que se pudieran estar cometiendo irregularidades», para lo que habría aportado «seis actas de juntas de gobierno y una copia de una sesión plenaria de carácter extraordinario del 21 de noviembre de 2012 en la que se aprobó el plan de pago a proveedores», concluye la información publicada por La Razón el pasado día 9 de julio.