El diario sevillano ABC ha publicado una información relativa al malestar existente en Casariche y, más en concreto, en el colectivo de los opositores a una plaza de auxiliar administrativo ofertada por el Ayuntamiento de la localidad, debido al elevado precio que el Consistorio casaricheño estaría cobrando por el derecho a examen de esta plaza: 100 euros, según afirma este periódico, cuando lo habitual es cobrar entre 12 y 20 euros. Asimismo, ABC de Sevilla indica que Gilena no se queda atrás en el cobro elevado de tasas para derechos de examen, y ha cobrado hasta 150 euros por tener derecho a examinarse de una plaza de administrativo para el Ayuntamiento gilenense que se ofertó el pasado mes de julio.

«El Ayuntamiento de Casariche, regido por el socialista Basilio Carrión Gil, exige el pago de 100 euros en concepto de derechos de examen a los aspirantes a una plaza de auxiliar administrativo de la Corporación, publicadas las bases el pasado 8 de junio y cuyo plazo de presentación de solicitudes se abrió este 18 de agosto, cuando el anuncio del proceso selectivo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)», indica el rotativo sevillano, que añade que «la cantidad requerida ha suscitado la indignación del colectivo opositor, habida cuenta de que en otros municipios de la provincia de Sevilla, como Utrera, Carmona o Camas -como casos más recientes de convocatorias de plazas funcionariales-, la concurrencia a las pruebas era posible mediente el abono de entre 15 y 20 euros. Asimismo, en otras ciudades españolas como Madrid, Valencia o Alicante, el precio que da derecho a examinarse no supera los 12 euros.»

El periódico sevillano aclara que «la Ley no establece una cantidad mínima y máxima que puedan exigir los ayuntamientos en este concepto. No lo hacen ni el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, que regula el acceso a la función pública, ni el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, que establece los criterios selectivos en la Administración Local, por lo que el requisito de la tasa queda a la libre determinación del Ayuntamiento a través de la correspondiente ordenanza. Sin embargo, la Ley 7/2007 de 12 de abril, que trata la normativa básica del empleado público, estipula que la selección de personal de las entidades públicas debe regirse por una serie de principios constitucionales entre los que se encuentra el de igualdad en el acceso a las pruebas y al cargo, donde se entiende implícita la prohibición de discriminación por razón de riqueza.»

La versión del Consistorio que aporta ABC de Sevilla señala que «en palabras de la concejal de Cultura, María de los Santos Parrado, comprenden el revuelo que se haya podido originar por el precio de las tasas y más en la situación económica que atravesamos», pero el Ayuntamiento lo justifica en que dicha cantidad se elevó para «asumir los gastos de desplazamiento y dietas de los miembros del Tribunal, que tienen que venir de Sevilla».

El diario sevillano cita también en su información a Gilena, cuyo actual alcalde es José Manuel Joya Carvajal (IU), manifestando que esta localidad «cerró el plazo de inscripción para una plaza de administrativo el pasado 25 julio, cuyas tasas que dan el derecho a examinarse ascendían a 150 euros. En esta ocasión, Abcdesevilla.es se puso en contacto con el Ayuntamiento del municipio pero ningún responsable, en el día de ayer, tenía conocimiento del motivo del elevado precio», concluye la información publicada por ABC de Sevilla.