El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido seguir la causa por la vía del procedimiento abreviado contra Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), alcalde de Marinaleda, junto a otras 53 personas que en el verano de 2012 ocuparon la finca militar de Las Turquillas en Osuna, ha informado la agencia EFE, que añadió que «el TSJA, en un auto al que ha tenido acceso Efe, imputa a los acusados presuntos delitos de daños, usurpación, desobediencia y hurto, y asegura que durante su acción causaron daños materiales por valor de 794,14 euros y sustrajeron objetos valorados en 281,50 euros.»

En el mismo sentido ha informado Europa Press, que ha dicho que el TSJA «concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen sus respectivos escritos de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa, pudiendo interesar de manera «excepcional» la práctica de diligencias complementarias.»

Esta agencia de noticias ha recordado, asimismo, que el pasado 29 de abril, Sánchez Gordillo se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado instructor de la causa, Jerónimo Garvín, pero posteriormente señaló en declaraciones a los periodistas que la ocupación del pasado verano en Las Turquillas fue «pacífica, simbólica y tranquila», por lo que garantizó que «no tiene ningún problema en declarar lo que haga falta» cuando llegue «el momento».

Por su parte, el juez relata en su auto «que fue el 23 de julio de 2012 cuando se recibió la información de que el SAT había decidido ocupar Las Turquillas, una finca de titularidad estatal de 1.200 hectáreas que es «de relevante importancia por su ubicación y características ecológicas, agroambientales, ecoturísticas y grado de protección», indica Europa Press.

Añade el magistrado que sobre las 10 horas del 24 de julio de 2012 se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas encabezadas por una pancarta con el lema ‘Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate!. Las Turquillas para los trabajadores’, con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT.

Según indica el magistrado instructor, los manifestantes se dirigieron desde allí hasta la portada lateral de la finca, «rompiendo con un hierro el candado y la cadena» que cerraba las dos hojas metálicas, de malla, de la puerta de entrada al camino, «fracturando igualmente» el bastidor de la misma y accediendo seguidamente a la finca todos los concentrados, «a cuyo frente» figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT.
De este modo, y «preguntados» por el jefe del dispositivo montado en el lugar por la Guardia Civil, contestaron que «pretendían ocupar la finca para trabajar en ella y se dirigían a entrevistarse con los responsables de la yeguada militar para comunicárselo», siendo advertidos por el responsable de la Benemérita de que «podían cometer un delito de usurpación».

Una vez en el recinto militar, recorrieron unos tres kilómetros, «de los que la parte final del camino es de uso exclusivo del personal de la yeguada militar», y «destruyeron» un azulejo rústico colocado junto a la puerta de entrada al recinto con la leyenda ‘Yeguada Militar’, que sustituyeron por otro con el lema ‘Igualdad y Tierra’.

Sánchez Gordillo y Cañamero fueron recibidos por un capitán de la Guardia Civil, «que les advirtió que podían cometer un delito», pero ellos «insistieron en que iban a ocupar la finca», mientras que el oficial al mando del dispositivo, «que grabó videográficamente todo lo que estaba sucediendo e identificó a 53 de los ocupantes de la finca», ordenó a los agentes a sus órdenes «no intervenir para evitar una alteración del orden público».

Junto al camino, los «ocupantes» instalaron «una especie de campamento» formado por una choza de cañas y varias tiendas de campaña, «en el que se fueron relevando para pasar los días y las noches y ‘trabajar’ la tierra ocupada», asevera el magistrado, que indica también que los imputados «fracturaron» los sistemas de guarda y anclaje de un pozo cercano «e instalaron una especie de motobomba para extraer el agua».

De igual modo, «labraron un corto trozo de tierra y conectaron una goma de polietileno a una ventosa de la conducción de agua, de suministro de los bebederos del ganado, para usarla como ducha, y se apoderaron de utensilios de labranza y de materiales que se llevaron» cuando desalojaron la finca.

Además, el 26 de julio prendieron fuego a 18 alpacas de paja, «con riesgo de incendio del rastrojo existente en la zona», un riesgo que «se incrementó durante los días de la ocupación, al circular constantemente sus vehículos por tierras de labor», habiendo desaparecido además la cadena que delimitaba el terreno cedido al Ayuntamiento de Osuna y que impedía el acceso a coches hacia el acuartelamiento.

Al día siguiente, unas 35 personas rompieron un candado de la cancela del vallado e iniciaron el corte de ramajes de olivos y almendros, a lo que se suma que otras tres personas subieron a un depósito de agua y pintaron una bandera de Andalucía. Fue el 7 de agosto cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el «inmediato» desalojo de Las Turquillas, lo que fue notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que «no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza». Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.

El TSJA, que investigó la causa al ser Sánchez Gordillo aforado por su condición de parlamentario andaluz, rechaza la petición del fiscal para que se les imputara un posible delito de coacciones cometidas sobre el capitán del Instituto Armado, quien aseguró que en su encuentro con los líderes de la ocupación «sintió algo de miedo», ya que «en ningún momento del encuentro nadie le impidió con violencia» hacer algo que no quisiera.
Por el contrario, acuerda la unión a la causa de la certificación expedida por el subdirector general de Patrimonio del Ministerio de Defensa en relación a los daños causados por los imputados en la finca, que volvió a ser ocupada por estos el pasado día 1 de mayo. En el auto, el instructor llama la atención sobre el hecho de que «absolutamente todos» los inculpados se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que ninguno de ellos, salvo Sánchez-Gordillo, se ha personado en la causa.